En Colombia, cerca de 55,000 procesos ejecutivos de alimentos se encuentran estancados por retrasos judiciales. Esta parálisis administrativa ha provocado que miles de niños, niñas y adolescentes no reciban sus cuotas alimentarias a tiempo, dejando recursos vitales inmovilizados durante años y vulnerando su derecho a una vida digna.
El nombre de la ley hace referencia a Sara Guiselle, una niña de 10 años con discapacidad múltiple —parálisis cerebral leve, retardo en el desarrollo psicomotor y epilepsia focal—, cuya madre, Daisy, enfrentó dificultades para recibir la cuota alimentaria correspondiente. La historia de Sara y su familia evidenció la necesidad de un mecanismo legal que garantice la entrega oportuna de estos recursos, incluso antes de que finalicen los procesos judiciales.
La Ley Sarita permite que los jueces de familia ordenen la entrega anticipada de los recursos embargados del salario o pensión del deudor, hasta un máximo del 50%. De esta manera, los niños, niñas y adolescentes no deben esperar a que se concluya el proceso judicial para recibir su manutención.
Según la senadora Liliana Bitar, la norma representa un avance significativo en agilidad judicial y protección de los derechos de la infancia. La ley facilita que los recursos destinados a los menores lleguen de forma más rápida, fortaleciendo el acceso a la justicia y asegurando la manutención de quienes dependen de estas cuotas alimentarias.
Fuente: Senado – María Camila Fernández
