El Ministerio de Defensa anunció la formulación de un decreto orientado a fortalecer la seguridad en los puertos del país y consolidar el control sobre las operaciones marítimas, con el objetivo de impactar directamente las economías ilícitas.

Como parte de esta estrategia, se presentó el Mapa de Riesgos de Corrupción del Sistema de Valor de la Cadena Logística Portuaria, una herramienta clave para promover la transparencia y enfrentar el crimen organizado.

El modelo, pionero a nivel internacional, analiza cada fase de la cadena de importación y exportación, identificando 37 tipologías y 151 riesgos de corrupción. Durante el evento de presentación, el viceministro para las Políticas de Defensa y Seguridad, Javier Andrés Baquero, destacó: “Tenemos muy clara la importancia de la transparencia en todos los procesos y particularmente sabemos el daño que hace la corrupción en todos los mecanismos, desde un punto particular del país hasta en las altas decisiones que se puedan tomar”.

También participaron el almirante John Fabio Giraldo, director general marítimo de la DIMAR, y Andrea Agudelo, jefa del área de Corrupción y Delitos Económicos de la UNODC, quienes presentaron los avances del proyecto y la iniciativa ‘Alianza por la Integridad Portuaria’, un compromiso voluntario entre actores públicos y privados del sector.

La estrategia se implementa en los principales puertos del país —Buenaventura, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Turbo— y busca fortalecer las capacidades de autoridades y operadores portuarios para detectar, investigar y sancionar prácticas corruptas vinculadas al crimen organizado.

En lo corrido del año, la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) ha ejecutado más de 2.300 actas de aprehensión y 73 incautaciones de mercancías ilegales. Por su parte, la Dirección Antinarcóticos (Diran) mantiene seis compañías de control portuario en los principales terminales marítimos del país.

La Armada de Colombia también ha intensificado las operaciones de inspección marítima y control de rutas para evitar la contaminación de carga con estupefacientes, reforzando así la seguridad y la transparencia en el sistema portuario nacional.