Asocapitales emitió una alerta sobre la creciente circulación de armas de fuego, municiones y explosivos en entornos urbanos del país. Según Asocapitales, la presencia recurrente de estos elementos en hechos de alto impacto no responde a situaciones aisladas, sino a fallas estructurales en el deber de control, la incautación, el seguimiento y la trazabilidad de armas ilegales, municiones y explosivos, responsabilidades que corresponden de manera directa a las entidades del orden nacional.
La ausencia de mecanismos efectivos de control a la circulación de armas, municiones y explosivos, así como la falta de una política sostenida de desarme general, incrementa de manera significativa el riesgo de violencia urbana y eleva los niveles de letalidad de los delitos en las ciudades capitales.
El análisis técnico consolidado para el cierre de 2024, desarrollado por la Dirección de Seguridad de Asocapitales con base en fuentes oficiales, evidenció que Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga concentran una parte crítica de la violencia armada del país, al registrar de manera conjunta el 23,8 % de las armas incautadas a nivel nacional; y el empleo de armas de fuego en el 44,33 % de los hurtos a comercio, el 60,7 % de los hurtos a personas y el 20,65 % de las víctimas de homicidio intencional, lo que demuestra una clara concentración urbana del fenómeno y un impacto directo sobre la seguridad ciudadana y la actividad económica.
Las tasas de ocurrencia de delitos con arma de fuego por cada 100.000 habitantes refuerzan esta alerta: Bucaramanga registró una tasa de 834,5; seguida por Bogotá con 581,7; Medellín con 507,1; Barranquilla con 301,8 y Cali con 297,1. Estas cifras reflejan una alta disponibilidad y uso efectivo de armas de fuego en contextos urbanos densamente poblados, lo que explica la recurrencia de hechos de alto impacto asociados al uso de armamento de alto poder.
En términos absolutos, se identificó que en dichas ciudades capitales ocurrió el 21,4 % de las amenazas registradas con uso de arma de fuego en todo el país. Solo con armas de fuego o aparatos explosivos, en estas ciudades también se concentró el 15,8 % de los homicidios intencionales, el 8,0 % de los hurtos a personas, el 5,2 % de los hurtos a comercios, el 14,7 % de los hurtos de automotores, el 1,4 % de las lesiones personales y el 0,58 % de los actos de terrorismo.
El análisis histórico del mercado de armas, municiones y explosivos, realizado por UNODC y Asocapitales, evidencia transformaciones profundas en la oferta ilegal. Entre 1994, 2006 y 2017, mientras las armas legales en manos de particulares pasaron de 1,5 millones (1994) a 662.666 (2006) y luego a 706.210 (2017), las armas ilegales aumentaron de 2 millones (1994) a 2,4 millones (2006) y posteriormente a 4.267.790 (2017). En el mismo periodo, los homicidios cometidos con arma de fuego descendieron en términos absolutos, pero mantuvieron una alta participación, alcanzando 63 por cada 100.000 habitantes en 1994, 32 en 2006 y 18 en 2017, con una participación de armas de fuego en los homicidios del 14%, 80% y 72 %, respectivamente, lo que confirma que la violencia letal continúa estrechamente vinculada a la disponibilidad de armas y a los mercados ilegales.
Actualmente, el mercado ilegal de armas, municiones y explosivos presenta cambios en la modalidad de la oferta, con una diversificación de proveedores que reduce la dependencia de robos a depósitos militares y policiales —que aún concentran cerca del 10 % del mercado ilegal—, un mayor peso del contrabando transnacional, especialmente a través de corredores fronterizos, un aumento en la producción de armas artesanales o hechizas, más accesibles en precio y de difícil trazabilidad balística, y el uso creciente de plataformas digitales y redes sociales para facilitar la oferta y venta ilegal. Todo ello ha complejizado la labor de detección, control e incautación por parte de las autoridades del orden nacional.
Este fenómeno se ve agravado por la persistencia de confrontaciones entre grupos armados ilegales —ELN, Clan del Golfo, disidencias EMC e Iván Márquez— en regiones como Antioquia, Bolívar, Cauca, Nariño, Putumayo, Arauca y Chocó, donde se registran zonas de enfrentamiento y disputas por control territorial, rentas criminales y corredores estratégicos. Estas dinámicas han generado flujos constantes de armas y explosivos hacia las ciudades capitales, trasladando al espacio urbano lógicas propias del conflicto armado degradado.
Asocapitales reitera que la incautación, el control, el seguimiento y la trazabilidad de armas, municiones y explosivos son responsabilidades del nivel nacional, en cabeza de las entidades con funciones de control de armas, inteligencia, investigación criminal, control fronterizo y aduanero. Las ciudades capitales enfrentan los impactos directos de esta problemática, pero no tienen competencia integral sobre el ciclo de registro y control de armas, municiones y explosivos, lo que exige una respuesta nacional más robusta, sostenida y articulada.
Fuente: Asocapitales
