El Congreso de la República de Colombia debate una iniciativa legislativa crucial para la seguridad ciudadana: la «Ley SIM Card», presentada por el senador Ariel Ávila.
Este proyecto busca imponer el registro obligatorio con verificación biométrica para la adquisición de toda línea telefónica móvil, física o virtual (e-SIM), con el objetivo directo de desarticular la principal fuente de extorsión en el país, dado que más del 70% de estas llamadas delictivas provienen del interior de los centros penitenciarios.
La propuesta apunta a eliminar el anonimato que actualmente facilita la comisión de estos delitos.
- El vacío legal que alimenta la extorsión
La necesidad de esta ley surge de un preocupante diagnóstico de seguridad: la extorsión en Colombia se ha convertido en una industria criminal con epicentro en las prisiones.
El senador Ávila explicó que los delincuentes aprovechan un vacío legal que permite la compra fácil y anónima de tarjetas SIM prepago.
La falta de trazabilidad de estos números facilita que las tarjetas entren y salgan de las prisiones sin control, permitiendo a los extorsionistas contactar a sus víctimas sin dejar rastro identificable.
La «Ley SIM Card» busca cerrar esta puerta de entrada al crimen, exigiendo que cada número telefónico esté asociado inequívocamente a una persona.
- Biometría y registro obligatorio
La piedra angular de la iniciativa es la obligatoriedad de la identificación personal y la verificación biométrica para cualquier usuario que desee comprar o activar una nueva línea.
Las obligaciones clave incluyen:
Identificación Documental: Presentación obligatoria del documento de identidad.
Verificación biométrica: El usuario deberá someterse a un proceso de verificación, como el registro de huellas dactilares o un reconocimiento facial.
Cobertura total: Esta medida aplicaría tanto para líneas telefónicas adquiridas en puntos de venta físicos como en plataformas virtuales.
El objetivo, según el ponente, es que la persona «sea también dueña de su número telefónico y no solo del equipo celular,» asegurando la trazabilidad de las comunicaciones.
- Registro Nacional
Para garantizar la efectividad de la norma, el proyecto contempla la creación de un Registro Nacional Unificado de líneas telefónicas.
Administración: Este registro estaría a cargo de la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).
Vigilancia y cumplimiento: Estas entidades serían responsables de asegurar que las empresas de telefonía móvil cumplan rigurosamente con la nueva normativa.
Consecuencias: La ley prevé la imposición de sanciones severas a las compañías operadoras que comercialicen o activen líneas sin haber realizado la debida verificación biométrica del usuario.
- Privacidad garantizada y precedentes internacionales
Ante posibles preocupaciones sobre la privacidad de los datos personales, el senador Ávila ha sido enfático en que la ley no busca vulnerar la intimidad de los ciudadanos.
Los datos biométricos no estarán a disposición de empresas privadas, sino que se manejarán bajo estrictos protocolos judiciales.
Finalmente, la exposición de motivos del proyecto destaca que Colombia seguiría una tendencia internacional ya implementada con éxito.
Países como Argentina, Chile, México y Alemania han adoptado sistemas de registro similares, logrando avances significativos en la reducción de delitos como la extorsión telefónica y el fraude.
