La Fiscalía General de la Nación solicitó medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario contra el cantante antioqueño Stiven Mesa Londoño, conocido artísticamente como Blessd, y el productor musical Sebastián Jaramillo Morán, conocido como Dímelo Jara, en medio del proceso judicial que enfrentan por el presunto delito de secuestro extorsivo agravado.
La petición fue presentada durante la continuación de las audiencias preliminares ante un juzgado de control de garantías de Medellín, luego de que el ente acusador formulara imputación de cargos contra los dos reconocidos integrantes de la industria musical y otras dos personas vinculadas al caso.
Según la Fiscalía, los hechos están relacionados con la denuncia presentada por Andrés Felipe Sánchez, conocido en redes sociales por imitar al cantante puertorriqueño Ozuna. De acuerdo con la investigación, la presunta víctima habría sido retenida en contra de su voluntad en circunstancias que actualmente son materia de análisis judicial.
Durante la audiencia, la fiscal Piedad Estela Mendoza Hinojosa argumentó que la medida de aseguramiento resulta necesaria y proporcional para proteger el proceso, garantizar la comparecencia de los imputados y evitar posibles afectaciones a la investigación.
Como parte de su intervención, la representante de la Fiscalía también expuso una segunda denuncia que actualmente cursa contra Blessd y Dímelo Jara y que, a juicio del ente investigador, tiene relevancia para sustentar la solicitud de medida de aseguramiento.
La denuncia fue presentada por el mánager del artista urbano Pirlo y está relacionada con hechos que habrían ocurrido en 2024 en una residencia ubicada en el sector de Las Palmas, en Medellín, luego de la grabación de un videoclip musical.
Según el relato de los denunciantes, varias personas habrían sido retenidas dentro de una habitación de la vivienda, donde presuntamente fueron agredidas físicamente, intimidadas y sometidas a amenazas.
En el documento radicado ante la Fiscalía, los denunciantes aseguran que también fueron despojados de sus teléfonos celulares y obligados a revelar las contraseñas de sus dispositivos para que terceros pudieran acceder a la información almacenada.
Asimismo, sostienen que durante los hechos se encontraban hombres armados y encapuchados, quienes habrían participado en las intimidaciones. Incluso, afirman que les habrían tomado muestras de sangre, situación que hace parte de las investigaciones que adelantan las autoridades.
La Fiscalía señaló que la existencia de dos denuncias vigentes con características similares constituye un elemento relevante para solicitar una medida de aseguramiento privativa de la libertad contra los procesados.
Para el ente acusador, los elementos recopilados hasta el momento permiten inferir la necesidad de adoptar una medida restrictiva mientras avanza el proceso judicial.
Sin embargo, la postura de la Procuraduría General de la Nación fue diferente. Durante la audiencia, el delegado del Ministerio Público manifestó desacuerdo con la solicitud presentada por la Fiscalía y expuso argumentos orientados a cuestionar la necesidad de una medida de aseguramiento en centro carcelario.
La intervención del representante de la Procuraduría marcó una diferencia frente a la posición del ente acusador y abrió el debate jurídico sobre la proporcionalidad de la medida solicitada.
Ahora será la jueza 17 Penal Municipal con función de control de garantías de Medellín la encargada de resolver la petición de la Fiscalía y definir si Blessd, Dímelo Jara y los demás imputados deberán afrontar el proceso privados de la libertad o si continuarán vinculados a la investigación bajo otras condiciones judiciales.
Fuente: La FM – Sebastián Góez Cuellar
