La Asamblea Departamental de Casanare revocó la elección de la Universidad Distrital para la selección del Contralor Departamental de Casanare, por irregularidades en el proceso liderado por Juan Fernando Mancipe.
La resolución 001 de 2026 anula el contrato con la Universidad Distrital y exige un nuevo concurso público para optimizar la transparencia en la administración pública de Colombia.
En un giro inesperado que sacude la política regional, la nueva mesa directiva de la Asamblea Departamental de Casanare, presidida por Henry Pérez, emitió la resolución 001 del 2026 este 9 de enero, anulando por completo las acciones realizadas por el expresidente Juan Fernando Mancipe en el proceso de elección del Contralor Departamental.
Esta decisión, firmada también por la diputada Luz Mery Niño, cita múltiples vicios como falta de publicidad y pluralidad en la selección de la universidad encargada del concurso, lo que obliga a reiniciar el procedimiento para garantizar una elección imparcial y transparente en medio de tensiones con la administración departamental.
El diputado Mancipe que también hace parte de esta nueva mesa directiva como segundo Vicepresidente, estuvo ausente de la firma de esta resolución como se puede ver en las firmas del documento.
Vicios detectados en el proceso anterior
La resolución detalla una serie de irregularidades que presuntamente invalidan el proceso liderado por Mancipe.
Entre los principales vicios se destacan la ausencia de publicidad adecuada, lo que limitó la participación pública y la transparencia requerida en convocatorias de este tipo.
Además, se cuestiona la falta de pluralidad en la elección de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas como entidad responsable del concurso meritocrático.
Otro punto crítico es que el contrato con dicha universidad se habría celebrado sin seguir los mecanismos establecidos, que incluyen procedimientos obligatorios por parte de la mesa directiva.
La decisión fue individual por parte del presidente y no tuvo la participación de la mesa directiva.
Estos errores configuran un panorama de posibles violaciones normativas, lo que ha generado un debate sobre la integridad del proceso electoral administrativo que tiene en vilo a la política en Casanare.
Consecuencias inmediatas: ¿Reinicio del concurso?
Como resultado directo de esta revocatoria, la Asamblea deberá contratar una nueva universidad para llevar a cabo el concurso de méritos que seleccione al próximo Contralor Departamental de Casanare.
Este paso busca corregir las deficiencias identificadas y asegurar que el proceso cumpla con los estándares de legalidad y equidad.
Expertos en derecho administrativo consultados indican que este reinicio podría extender el periodo de interinidad en la Contraloría, afectando el control fiscal en el departamento. Mientras tanto, el actual desgaste administrativo, derivado de una prolongada confrontación entre un grupo de diputados y la administración departamental, podría encontrar alivio con esta nueva directiva.
Rumores de acciones judiciales y cambios políticos
La resolución no solo anula lo actuado, sino que abre la puerta a posibles acciones judiciales contra la anterior junta directiva, acusada de propiciar estas irregularidades. Fuentes cercanas a la Asamblea sugieren que se están evaluando demandas por presuntas violaciones a la ley de contratación pública y negligencia en el manejo de procesos electorales.
En el centro de esta «novela» se encuentra Jorge García, señalado como el arquitecto de la confrontación inicial y suscitan varias preguntas:
¿Mantendrá su influencia en esta nueva etapa? La posición de la mesa directiva actual, liderada por Henry Pérez, respecto a la Administración Departamental genera especulaciones.
Se habla de «nuevos vientos» que podrían llevar a un acercamiento, posiblemente fumando «la pipa de la paz» con figuras clave como el Centro Democrático y Alirio Barrera, exgobernador y actor principal en el escenario político casanareño.
Perspectivas futuras en medio de la tensión
Este episodio resalta las tensiones persistentes en la política de Casanare, donde disputas entre la Asamblea y la administración han generado un «desgaste administrativo» que afecta la gobernabilidad. Con la resolución 001 del 2026, la nueva mesa directiva busca restaurar la confianza en las instituciones, pero el camino adelante incluye no solo el nuevo concurso, sino también resolver las disputas pendientes.
La comunidad de Casanare espera que esta decisión marque el fin de la confrontación y el inicio de una era de colaboración, aunque el desenlace depende de las próximas acciones judiciales y políticas.
